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Medida cautelar (es)

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España > Derecho civil > Enjuiciamiento civil
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La tutela cautelar supone, en principio, el otorgamiento anticipado (y parcial) de una pretensión, antes incluso de haberse dictado sentencia. Esto se debe a que se considera que, la finalidad de lo que se reclama podría ser definitivamente frustrada, de no otorgarse tal medida cautelar. Una medida cautelar, como más adelante se verá, puede suponer un serio gravamen para el demandado, de ahí las notas expresadas en el art. 726 LEC (Ley de enjuiciamiento civil), cuya claridad meridiana, nos debe ahorrar todo comentario:

« Artículo 726.-Características de las medidas cautelares.

1. El tribunal podrá acordar como medida cautelar, respecto de los bienes y derechos del demandado, cualquier actuación, directa o indirecta, que reúna las siguientes características:
1ª Ser exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedi-da o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente.
2ª No ser susceptible de sustitución por otra medida igualmente eficaz, a los efectos del apartado precedente, pero menos gravosa o perjudicial para el demandado.
2. Con el carácter temporal, provisional, condicionado y susceptible de modificación y al-zamiento previsto en esta Ley para las medidas cautelares, el tribunal podrá acordar como tales las que consistan en órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso, sin prejuzgar la sentencia que en definitiva se dicte. »

En lo referente a las medidas cautelares, conviene recordar que pueden ser once, y están descritas en la Ley de Enjuiciamiento Civil del siguiente modo:

« Artículo 727.-Medidas cautelares específicas. Conforme a lo establecido en el artículo anterior, podrán acordarse, entre otras, las si-guientes medidas cautelares:

1ª El embargo preventivo de bienes, para asegurar la ejecución de sentencias de condena a la entrega de cantidades de dinero o de frutos, rentas y cosas fungibles computables a metálico por aplicación de precios ciertos. Fuera de los casos del párrafo anterior, también será procedente el embargo preventivo si resultare medida idónea y no sustituible por otra de igual o superior eficacia y menor onero-sidad para el demandado.
2ª La intervención o la administración judiciales de bienes productivos, cuando se pre-tenda sentencia de condena a entregarlos a título de dueño, usufructuario o cualquier otro que comporte interés legítimo en mantener o mejorar la productividad o cuando la garantía de ésta sea de primordial interés para la efectividad de la condena que pudiere recaer.
3ª El depósito de cosa mueble, cuando la demanda pretenda la condena a entregarla y se encuentre en posesión del demandado.
4ª La formación de inventarios de bienes, en las condiciones que el tribunal disponga.
5ª La anotación preventiva de demanda, cuando ésta se refiera a bienes o derechos susceptibles de inscripción en Registros públicos.
6ª Otras anotaciones registrales, en casos en que la publicidad registral sea útil para el buen fin de la ejecución.
7ª La orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad; la de abstenerse tempo-ralmente de llevar a cabo una conducta; o la prohibición temporal de interrumpir o de cesar en la realización de una prestación que viniera llevándose a cabo.
8ª La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se con-sidere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda en la demanda, así como la consigna-ción o depósito de las cantidades que se reclamen en concepto de remuneración de la propie-dad intelectual.
9ª El depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se reputen producidos con infracción de las normas sobre propiedad intelectual e industrial, así como el depósito del material empleado para su producción.
10ª La suspensión de acuerdos sociales impugnados, cuando el demandante o deman-dantes representen, al menos, el 1 o el 5 por 100 del capital social, según que la sociedad de-mandada hubiere o no emitido valores que, en el momento de la impugnación, estuvieren admi-tidos a negociación en mercado secundario oficial.
11ª Aquellas otras medidas que, para la protección de ciertos derechos, prevean expre-samente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en la sentencia estimatoria que recayere en el juicio. »


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