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Historia de la Justicia (fr)

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Contenido

La revolución francesa

El 5 de agosto de 1789 se suprime la venalidad de los cargos públicos y se proclama la gratuidad de la justicia.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (texto preparado por el arzobispo de Bordeaux, Champion de Cicé, y cuyo el preámbulo fue escrito por Mirabeau y Mounier) es una declaración de principios, con vocación universal: en ella se proclama la libertad individual y se enuncian los siguientes principios :

  • El ciudadano que respeta la ley tiene la garantía de no ser arrestado, detenido ni condenado arbitrariamente.
  • Se formula una concepción utilitarista de la represión.
  • Se establecen por ley las infracciones y las penas, y la no aplicación retroactiva de las leyes.
  • La presunción de inocencia.
  • La libertad de pensamiento político y religioso.
  • La libertad de expresión.

Por otra parte, por los decretos del 8 de octubre – 3 de noviembre de 1789, relativos a la justicia criminal :

  • Quedan abolidos el interrogatorio y el banquillo, el tormento y el juramento obligatorio de los acusados.
  • Los procesos criminales son públicos.
  • El acusado puede elegir uno o varios consejeros.

La obra de la Asamblea Constituyente :

  • Las leyes del 16 y del 24 de agosto de 1790

Institución de una justicia de paz (por cantón): se instituye una doble función de juez y de conciliador para la justicia contenciosa, los tribunales de distrito (553) y la así llamada "circular".

El Tribunal de Comercio, en perfecta continuidad con el Antiguo Régimen, hereda las jurisdicciones consulares.

  • Se instituye (ley del 27 de noviembre y del 1º de diciembre de 1790) el Tribunal de Casación: no trata del fondo sino de la forma jurídica.
  • En cuanto a la justicia penal, aparecen las tres distinciones de grado: policial, correccional, criminal. La ley del 16 de septiembre de 1791 introduce el jurado criminal con la adopción del sistema que se denomina "de íntima convicción".

La obra napoleónica

Constitución del Año VIII; ley del 28 pluvioso del año VIII (17 de febrero de 1800) sobre la organización administrativa y judicial; ley del 27 ventoso del año VIII (18 de marzo de 1800) sobre la organización judicial.

La organización judicial se estabiliza con :

Establecimiento de los Tribunales Laborales (ley del 18 de marzo de 1806).

Justicia Penal

  • Se asiste a la restauración del Ministerio Público, paralelamente a la promulgación del Código de Instrucción (1808) y del Código Penal (1810);
  • Se incorpora la separación entre las funciones de instrucción y las de persecución; La fase de instrucción preparatoria se confía a un magistrado de la sede judicial (juez de instrucción), mientras que la segunda fase se desenvuelve ante la Cour d’Assises (Tribunal de Jurados o Audiencia de lo Criminal).

La tercera reforma de la justicia penal intervendrá bajo la Monarquía de julio (ley del 28 de abril de 1832), con la generalización de las circunstancias atenuantes y la abolición de la pena de muerte en nueve casos (entre los cuales figuran las penas políticas). Esta abolición es una prueba de la prioridad del individuo y de la protección del particular.

Justicia Administrativa

  • Creación del Consejo de Prefectura (por departamento), presidido por el Prefecto. Creación del Consejo de Prefectura (por departamento), presidido por el Prefecto.
  • Restablecimiento del Consejo de Estado.
    • La Constitución del Año VIII proporciona el marco de un estatuto de la magistratura.
    • Nominación (y no elección) e inamovilidad de los magistrados judiciales.
    • Magistrados de la Fiscalía se someten a la nominación y a la autoridad jerárquica del Ministro de Justicia.

Hacia una Justicia republicana

Ley del 24 de mayo de 1872 : pone término a la justicia retenida y pone en un pie de igualdad a la justicia judicial y administrativa. Ambas constituyen una justicia delegada. En esta óptica :

  • El Consejo de Estado tiene el poder de estatuir en última instancia sobre los contenciosos administrativos y sobre los recursos por abuso de poder.
  • Queda restablecido el Tribunal de Conflictos.


Leyes fundamentales

  • Ley del 30 de junio de 1881: libertad de reunión.
  • Ley del 29 de julio de 1881: libertad de prensa.
  • Ley del 21 de marzo de 1884: libertad de asociación profesional.
  • Ley del 27 de julio de 1884: reconocimiento del divorcio.

'La ley del 31 de agosto de 1883 : además de una ley de depuración brutal (en pocas semanas quedaron excluidos entre 900 y 1.000 magistrados), incorpora

  • una simplificación de la organización jurisdiccional: todos los tribunales de apelación se sitúan en un pie de igualdad —excepto París— y los tipos de tribunal se limitan a tres.
  • Una revalorización notable de las remuneraciones de los magistrados: la magistratura se abre a la pequeña y mediana burguesía.
  • Se formula la primera idea del Consejo Superior de la Magistratura.

La quinta República

La Constitución de 1958

El título VII está consagrado al Consejo Constitucional, juez de la constitucionalidad de las leyes. El título IX se refiere al Tribunal Supremo de Justicia, que juzga al Presidente de la República en caso de alta traición. El título X, modificado por la ley constitucional del 27 de julio de 1993, está consagrado al Tribunal de Justicia de la República y lo transforma en un tribunal que se ocupa de crímenes y delitos de los ministros en el ejercicio de sus funciones. El título VIII, sobre las disposiciones relativas a la "autoridad judiciaria", noción que evoluciona con la expresión más neutra aparecida en 1993 de "independencia de la justicia". ".

El Consejo Superior de la Magistratura, cuyo estatuto data de la Constitución de 1946, sigue vigente bajo una forma renovada. La ley constitucional del 27 de julio de 1993 garantiza una mayor independencia del CSM en cuanto a la nominación de sus miembros, e introduce en su seno una doble formación: una para los magistrados judiciales y una nueva formación para los magistrados de la Fiscalía.

Una nueva organización judicial

Se lleva a cabo en el nivel superior, permaneciendo en el marco de la circunscripciones administrativas :

El Tribunal de Instancia reemplaza los antiguos Juzgados de Paz (en la cabecera de los departamentos y de los distritos). El Tribunal de Gran Instancia (181), en principio en el marco de los departamentos (los departamentos más importantes cuentan con varios tribunales), reemplaza al Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelación (33), que cubre entre dos y cuatro departamentos, en adelante conoce de las apelaciones a las decisiones establecidas por todas las jurisdicciones civiles y penales. En cuanto a las jurisdicciones administrativas, los antiguos Consejos de Prefectura han sido reemplazados desde 1953 (decreto del 30 de septiembre) por Tribunales Administrativos; la ley del 31 de diciembre de 1987 creó los Tribunales Administrativos de Apelación (5) para solucionar la acumulación excesiva de expedientes en el Consejo de Estado.

Un avance importante en el ámbito de la codificación

Código Procesal Penal (ordenanza del 23 de diciembre de 1958), Código de Justicia Militar (ley del 21 de julio de 1982), Código de Tribunales Administrativos (leyes del 13 de julio de 1973 y del 31 de diciembre de 1987). Nuevo Código Procesal Civil (Decreto del 5 de diciembre de 1975). Código de Organización Judicial (Decreto del 16 de marzo de 1978). Nuevo Código Penal (leyes del 22 de julio de 1992, modificadas por la ley del 16 de diciembre de 1992).

La justicia frente a los usuarios

La ley del 5 de julio de 1972 incorpora la noción de responsabilidad del Estado por el servicio público de la justicia : " El Estado debe reparar los daños causados por un funcionamiento deficiente del servicio público de justicia "." Se percibe aquí un desplazamiento de la noción de justicia como "poder" en favor de su consideración por parte del público como "calidad de servicio ". La ley del 30 de diciembre de 1977 proclama la "gratuidad de la justicia": ante las jurisdicciones civiles y administrativas hace desaparecer los derechos de sellado y de registro, y las cuantías abonadas a la Secretarías Judiciales. Se ha mejorado el acceso a la justicia: si, desde 1851, se había establecido una asistencia judicial para las personas carentes de recursos, con la ley del 3 de enero de 1972 se pasa a la noción de "ayuda judicial" (de la asistencia a la solidaridad social); la ley del 10 de julio de 1991 va más lejos aún, con la instauración de la "ayuda jurídica" que se propone garantizar un acceso más amplio al derecho. Surge la conciliación (decreto del 20 de marzo de 1978).

Los Magistrados y el Personal de las Secretarías Judiciales.

El artículo 64 de la Constitución de 1958, que estipula que una ley orgánica establece el estatuto de los magistrados, hace constitucional la independencia de la autoridad judicial: la ordenanza del 22 de diciembre de 1958 afirma el principio de la independencia y de la inamovilidad de los magistrados judiciales, al igual que el de la igualdad de los ingresos de los magistrados durante toda su carrera; se creó un Centro Nacional de Estudios Judiciales (que a través de la ley del 10 de julio de 1970 se convirtió en la Escuela Nacional de la Magistratura), que organiza el reclutamiento y la formación de los auditores de justicia y de los magistrados. La ley del 30 de noviembre de 1965 organiza la unificación del estatuto de los distintos administradores de las jurisdicciones (secretarios judiciales) en el contexto de una "funcionarización" (excepto los secretarios de los Tribunales de Comercio); en 1974 se creó en Dijon una Escuela Nacional de Secretarías y Secretarías Judiciales (actualmente es la Escuela Nacional de Secretarías Judiciales); los decretos del 30 de abril de 1992 establecen el estatuto de los secretarios judiciales jefe y de los secretarios judiciales.

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