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Cadena de custodia (es)

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Cadena de custodia. Transmión de los objetos del delito o de las piezas de convicción desde el lugar del delito hasta el perito encargado de su estudio o análisis.


Los funcionarios policiales que aprehenden la droga o cualquier otro objeto relacionado con un hecho delictivo pueden remitir cualquiera de esos objetos a un laboratorio para su análisis sin necesidad de entregarlos directamente al Juzgado a fin de que sea éste quien efectúe esa remisión. Así lo señala la Sentencia del Tribunal Supremo 779/2003, de 30 de mayo (Sr. Sánchez Melgar), al decir que

«la cadena de custodia quedó perfectamente acreditada mediante la expulsión de la droga en el hospital (a donde fueron conducidos los detenidos, dado el grave riesgo que corrían en su salud), y la entrega por la policía judicial actuante a la administración sanitaria, que recibió la sustancia estupefaciente para verificar su informe analítico. En este sentido, la Sentencia 775/2001, de 10 de mayo, ya declaró que la policía judicial está autorizada para remitir la droga directamente a los laboratorios oficiales, pues la ocupación de los objetos, efectos o instrumentos del delito, tal como se regula en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ofrece unas variantes y especialidades cuando el objeto del delito sean drogas tóxicas o sustancias estupefacientes. Conviene extremar las precauciones para que no se pierdan o puedan ser sustraídas de los lugares de depósito, por lo que se autoriza directamente a los funcionarios de la policía judicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que remitan los estupefacientes a los laboratorios autorizados para su análisis y destrucción salvo la muestra necesaria para una posible reproducción de la prueba de análisis.»


Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo 969/2003, de 1 de julio (Sr. Granados Pérez), se refiere a la inexistencia de irregularidades en la cadena de custodia de la droga ocupada:

«Se pretende sostener que la sustancia analizada no se corresponde con la que es objeto de enjuiciamiento añadiéndose que no se ha identificado la que fue entregada a María Antonieta. No es eso lo que se infiere de la documentación señalada ya que consta en los informes emitidos por los organismos oficiales que la sustancia analizada es precisamente la que fue intervenida a la mujer y en cuya venta aparece implicado este recurrente. El Tribunal de instancia ofrece razonada respuesta a una alegación similar y expresa que consta en las actuaciones que la bolsa intervenida a María Antonieta fue entregada por la Policía Judicial al Juzgado de Instrucción número 3 de Tolosa, el día 4 de marzo de 1999 (folio 73), y el Juzgado de Instrucción, a través de la Policía judicial, remitió, en el seno de las Diligencias Previas 172/1999, la bolsa al Organismo Provincial de Sanidad para que procediera a su análisis y pesaje (folio 78); y dicho Organismo de Sanidad emitió, el día 18 de marzo de 1999, un documento en el que hace constar que ha recibido la sustancia procedente del Juzgado de Instrucción número 3 de Tolosa y en concreto de las Diligencias Previas 172/1999, una bolsa de plástico conteniendo polvo de color blanco, cuyo peso asciende a 2,75 gramos y el día 31 de marzo de 1999 se confeccionó el informe analítico de la referida sustancia resultando ser Sulfato de Anfetamina con una riqueza del 11,02% (folio 88), por lo que entiende el Tribunal de instancia, con acierto, que no ha existido irregularidad alguna en la denominada cadena de custodia y que la sustancia analizada era la que fue entregada en una bolsa a María Antonieta y a la que se refieren los hechos enjuiciados.»

Cadena de custodia: 233/06, 21-3, tol 866.116; 246/06, 6-3, tol 866.135;


STS 09/07/2008 Número de Resolución: 426/2008

Primero. Se ha denunciado quebrantamiento de forma, de los del art. 850,1º Lecrim, porque al no haber sido cumplimentada la prueba instada como "más documental" por la defensa, bajo el nº 8 del primer otrosí del escrito de conclusiones, esta parte solicitó la suspensión de la vista, a lo que no accedió la Audiencia. La diligencia de que se trata tenía como finalidad comprobar una posible alteración de la cadena de custodia de la muestra biológica tomada al acusado, cuya procedencia - Comisaría de Tetuán o Brigada Policial de Policía Judicial, Grupo III- no estaría clara, a su entender.

Está fuera de duda que tanto la solicitud inicial como la posterior de suspensión aludidas, se produjeron realmente; así como también que la primera fue acogida por la sala, no la segunda. Ahora se trata de ver si esta última decisión tiene o no razón de ser, según se considere que la petición gozaba o no de fundamento, a tenor de la fiabilidad de los datos disponibles sobre las incidencias del traslado del material biológico objeto de análisis.

El problema estaría en que en los antecedentes del informe pericial, la muestra de referencia, que figuraba como tomada por agentes del indicado Grupo III, constaba remitida al laboratorio en un sobre marrón de la Comisaría de Tetuan, dentro de una caja de las utilizadas en esta clase de envíos, en la que figuraba: "21382/2003, Fidel, Comisaría de Tetuán".

Por tanto, el interrogante planteado por la defensa, en rigor, guardaba relación únicamente con el itinerario seguido por ese envío, cuya identidad estaba en todo caso bien determinada. Y, al respecto, y como razona la sala en la sentencia, lo cierto es que los peritos que informaron en el juicio aclararon que la muestra fue tomada en la Comisaría de Tetuán y luego remitida al Grupo III, que la cursó al laboratorio.

Pues bien, así las cosas, es claro que la solicitud inicial de la defensa pudo estimarse pertinente, como relativa a un aspecto, cierto que colateral, de la pericia. Pero la verdad es que, durante el examen de ésta en el juicio, la posible incertidumbre resultó despejada de la manera más razonable. Porque no hay nada de anómalo en que el trámite entre una comisaría y el laboratorio policial sea una brigada de investigación, la competente para actuar en el caso concreto, según el criterio de distribución del trabajo en ese marco institucional.

De este modo, la objeción que da contenido al motivo resulta ser puramente formularia y no afecta en lo más mínimo al núcleo de la prueba. Así, la decisión del tribunal de instancia debe entenderse fundada, al ser claro que la reiteración de la documental reclamada por la defensa no habría aportado dato alguno susceptible de incidir en el sentido del fallo. Es por lo que el motivo resulta inatendible.


STS 26/04/2007 Número de Resolución: 340/2007 B) Sobre la ruptura de la cadena de custodia.

En este punto, el recurrente no aporta elemento probatorio alguno que pudiera evidenciar la ruptura que alega, limitándose a sugerir de manera subliminal la posibilidad de que la droga analizada no fuera realmente la que se intervino a la acusada.

La réplica del Ministerio Fiscal a este planteamiento, que esta Sala hace suya por lo fundado de la argumentación, es suficiente para rechazar la censura, toda vez que, en efecto, la sentencia recurrida analiza también los documentos señalados por la defensa para cuestionar la regularidad de la cadena de custodia para concluir que no hay irregularidad alguna al respecto. La diferencia sobre la pureza de la muestra tomada en el aeropuerto y la del principal de la droga ocupada fue aclarada por la perito que realizó el análisis, a satisfacción de la Sala de instancia al valorar la citada prueba. Y sobre todo, lo esencial en la opinión del Fiscal, es que la defensa se detiene pormenorizadamente -entendemos además que sin tener la razón- en el examen de cuestiones formales, pero no es capaz de afrontar la cuestión principal: hay dudas de que la sustancia intervenida sea la misma que se analizó posteriormente en el laboratorio. Porque esa cuestión, que es aquella que garantiza la corrección de la cadena de custodia, no ofrece duda alguna. Es a esos efectos indiferente que se trata de tres o cinco los días que tarde la Policía en remitir la sustancia intervenida al centro de análisis, dado que si la droga ha sido correctamente custodiada en ese tiempo no pueden albergarse dudas al respecto. En este caso concreto, al folio 6 del sumario se dice que la droga intervenida "queda en custodia de la Sección Fiscal de este aeropuerto"; al folio 72 está el Acta de recepción de la droga ocupada por el Laboratorio Oficial de Drogas el día 30 de marzo de 2.005, cinco días después de la aprehensión. Se hace constar en dicho documento el número de Diligencias de la Guardia Civil, que son las 120 del 2.005, las mismas que las del atestado incoado en el aeropuerto; y el resultado del paso de la sustancia intervenida es prácticamente el mismo que sin los instrumentos de precisión del laboratorio realizó la Guardia Civil en presencia de la acusada. No puede haber dudas, pues, y no las tuvo la Sala de Instancia de que ni se había roto la cadena de custodia ni de que la droga intervenida es la misma que fue luego analizada por el laboratorio oficial. (...) CUARTO.- Finalmente, denuncia el recurrente quebrantamiento de forma por incongruencia omisiva del art. 851.3º L.E.Cr .

Aduce el motivo que se sometió a debate en el Juicio Oral el hecho de que la diligencia de extracción de la muestra se realizó por la autoridad policial sin autorización judicial al respecto; sin la presencia de abogado defensor; sin la presencia de secretario judicial; que se dejó lo incautado en dependencias desconocidas del aeropuerto durante cinco días, sin explicación alguna sobre ese dilatado espacio de tiempo para remisión de la sustancia al laboratorio y supuestamente bajo la custodia de vigilantes de seguridad del aeropuerto, sin que conste la identificación de los mismos en el atestado privándose de esa manera a la defensa de una posible testifical de esos vigilantes. Sobre esas cuestiones, dice el recurrente, tan solo se resuelve la relativa a la ausencia de letrado defensor de dicha diligencia, dejando imprejuzgadas el resto de pretensiones.

La sentencia aborda y resuelve no sólo sobre las genuinas pretensiones jurídicas planteadas por la defensa de la acusada, sino que también se pronuncia sobre las alegaciones que sirven de fundamento a tales pretensiones: sobre el acta de intervención levantada por los funcionarios intervinientes, sobre la innecesariedad de la asistencia letrada en la diligencia de apertura del equipaje, sobre la no constancia de irregularidad alguna en la cadena de custodia de la cocaína intervenida, sobre los informes periciales analíticos de la sustancia transportada clandestinamente. Y también sobre la inexigencia de la pretendida autorización judicial previa que legitimara la apertura y registro de la maleta en cuestión o la presencia en tal acto del secretario judicial, señalando que en cuanto a la competencia de los Agentes actuantes, viene determinada en los arts. 282 y 292 de la L.E.Cr ., y en la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.


STS 26/03/2007 Número de Resolución: 257/2007

B) Igualmente, y de acuerdo con lo documentado en autos, al margen de la mayor o menor escrupulosidad con la que se cumpliera el protocolo previsto para ello, lo cierto es que no puede albergarse duda alguna acerca de que la droga analizada fue, realmente, la misma que se le ocupó al recurrente, cuando circulaba al volante de su vehículo, pues no sólo declararon en Juicio los mismos agentes que llevaron a cabo esa intervención, sino que, más adelante, queda consignada la custodia de los paquetes en la caja fuerte del Sr. Comisario y su entrega en el laboratorio por funcionario que, aunque no resulte expresamente identificado, sí que documenta esa entrega, con la firma correspondiente a su recepción.

Por otra parte, el hecho de que las peritos comparecientes al acto de la Vista oral manifestasen que no habían sido ellas las que personalmente recibieron la sustancia en las dependencias del laboratorio, tampoco permite sospechar que no fuera esa la droga incautada.


STS 233/06, 21-3, tol 866.116 Sin embargo, el Ministerio Fiscal ha subrayado una serie de irregularidades que se comprueban en el acta de aprehensión, en la que no consta el contenido de la papelina ocupada a un supuesto comprador, en el acta de entrega de la papelina a Sanidad (folio 147), en la que la fecha aparece enmendada lo mismo que el número del atestado. Se comprueba asimismo que mientras la fecha de entrega que consta en el acto es el 18-9-2004, el sello de recepción es de dos meses más tarde.

De todo ello se desprende que el procedimiento policial no tiene la consistencia necesaria para acreditar los hechos que se relatan en el atestado, por lo que se debe estimar la infracción del art. 24.2 CE , respecto del recurrente.


STS 246/06, 6-3, tol 866.135 SEXTO. El quinto motivo, por el cauce procesal del art. 849.2º de la LECrim ., denuncia error en la apreciación de la prueba, "al valorar el Tribunal de instancia el análisis emitido por la Dirección General de Farmacia, obrante a los folios 95, 96, 163 y 164 de la causa, cuando esta representación impugnó en el acto del juicio oral el referido informe por no cumplir las prescripciones establecidas en la Constitución Española y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

En el desarrollo del motivo, dice la parte recurrente que "en el presente caso, no es que se ponga en duda el análisis de farmacia como tal, sino que la droga que se remitió a farmacia correspondiera a las presentes actuaciones, dado que durante el tiempo que estuvo bajo control policial, que parece que no tuvo mucho control, no existió control judicial, dado que la droga que se remitió al Instituto de Toxicología no estuvo a disposición judicial, a pesar de haber intervenido en el registro domiciliario el secretario judicial, sino que se la quedó la policía que la remitió al Instituto de Toxicología pasadas más de 24 horas desde que se produce la intervención y se pregunda esta Letrado ¿la sustancia aprehendida y la que llegó a la Dirección General es la misma?", citándose al efecto los artículos 344, 338.1º, 336 y 333 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Como acertadamente ha puesto de manifiesto el Ministerio Fiscal, al evacuar el trámite de instrucción, lo que aquí se cuestiona "no es el análisis de farmacia sino el curso seguido por las sustancias intervenidas desde la diligencia de entrada y registro hasta que son remitidos al laboratorio para examen", sin que se haya designado "folio de la causa que contenga prueba de carácter documental, en la que conste un particular sobre el que debatir el error de hecho en que incurre el juzgador", por lo que "no nos encontramos ante el supuesto casacional previsto en el art. 849.2º por el que se articula la denuncia".

De modo evidente, lo que se denuncia en este motivo nada tiene que ver con el cauce procesal elegido, por lo que, en principio, procede la desestimación del motivo (v. art. 884.4º y 6º LECrim .). Mas, con independencia de ello, parece oportuno recordar:

a) que, con carácter general, la Policía Judicial tiene encomendada, entre sus atribuciones, una función aseguratoria del cuerpo del delito ( arts. 282, 772 y 292 LECrim ., art.547 LOPJ y art. 11.1 g) de la LO 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ).

b) que, en cuanto se refiere al cuerpo del delito ( arts. 334 y sgtes. LECrim .), es preciso tener en cuenta las reformas introducidas en la ley procesal para el caso de que se trate de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas (v. L 4/1984 y L 21/1994 ), junto con la vigencia, en lo no afectado por las reformas operadas por las anteriores leyes en el art. 338 LECrim ., del RD 2783/1976 , y lo dispuesto en el art. 796, regla 6ª de la LECrim., según el texto dado al mismo por la Ley 38/2002 , en la que se establece que la Policía Judicial "remitirá al Instituto de Toxicología, al Instituto de Medicina Legal o al laboratorio correspondiente las sustancias aprehendidas cuyo análisis resulte pertinente. (...)". Y,

c) que, de acuerdo con las drásticas medidas de intervención estatal sobre las sustancias estupefacientes y psicotrópicas (Convenios Internacionales de 1961 y de 1971), por la Ley 17/1967, de 8 de abril , se ordenó que "las sustancias estupefacientes decomisadas a los delincuentes e infractores de contrabando serán entregadas al Servicio de Control de Estupefacientes" (v. art. 31 de la citada Ley ).

De todo lo expuesto, es preciso concluir que, en el presente caso, no cabe hablar de falta de control judicial sobre la droga intervenida, dado que la misma fue aprehendida en el curso de una diligencia llevada a cabo por la Comisión Judicial y a presencia del Secretario Judicial; ni tampoco de falta de ulterior control judicial, dado que, tratándose de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la custodia y el traslado de la misma a los centros o laboratorios donde haya de ser analizada, constituye -conforme a la normativa anteriormente citada- competencia y función propia de la Policía Judicial (v. STS de 6 de julio de 1990 ).

No es posible, por todo lo dicho, apreciar las vulneraciones constitucionales denunciadas en este motivo que, consecuentemente, debe ser desestimado.

Véase también

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